El Gobierno oficializó el martes pasado la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el mercado de granos.

A través de una resolución conjunta entre el Ministerio de Agricultura y el ente que preside Alejandro Vanoli, se dispuso que “todas las operaciones de compraventa deberán declararse obligatoriamente”.

La iniciativa, formalizada en el Boletín Oficial, había despertado posiciones encontradas en las últimas semanas en el ámbitos de las Bolsas, los exportadores, los acopiadores, los productores y los corredores de granos.

Por un lado hubo quienes apoyaron el objetivo de que se genere más información y transparencia sobre los negocios. Pero se prendió una alerta por la injerencia que podría tener la CNV, con agentes exclusivamente autorizados por ella, y por su avance sobre los mercados disponibles, rubro sobre el cual carecía de potestad.

Las resoluciones 208/2014 y 628/2014, publicadas, se dictan en el marco de la Ley de Mercado de Capitales.

Ya desde el 1 del actual, por dicha norma, el actor en futuros que no está inscripto ante la CNV no puede operar.

“Todas las operaciones de compraventa, sean del tipo ‘disponible’, ‘contado’, ‘a término’, ‘forwards’, ‘a fijar precio’ o de otras modalidades, incluyendo las denominadas ‘directas’, sobre productos y subproductos que sean subyacentes de contratos de futuros autorizados (como los de cebada forrajera, girasol, maíz, soja, aceite de soja, sorgo y trigo) deberán ser registradas en dichos Mercados y en Bolsas, por intermedio de agentes inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA)”, reza el primer artículo de las resoluciones firmado por Vanoli y el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado.

Alcances y objetivos

A partir del martes comenzó a correr un plazo de 10 días hábiles, dentro del cual los Mercados y las Bolsas deberán presentarse e inscribirse ante la CNV y la Secretaría de Agricultura.

A través de un comunicado, Delgado señaló que la regulación “se trata de una decisión con mirada estratégica y a futuro”, en la que se busca promover con la máxima tecnología “la generación de información transparente y abundante, para minimizar las asimetrías de información existentes en la fijación de precios, que perjudican especialmente a los productores”.